Las principales políticas e instrumentos de desarrollo rural implementados en el país durante los períodos 1930-1973, 1974-1989 y desde 1990 a la fecha, han variado en el tiempo según las condiciones del sistema de transacciones nacional y los diversos tratados internacionales a los cuales se ha suscrito el rubro. Es así, como en una primera instancia los esfuerzos se basaron en el desarrollo de un modelo económico de sustitución de importaciones, para luego pasar a normativas orientadas a establecer el marco para la aplicación del modelo de libre mercado en el campo.
Hoy en día, los avances de las autoridades se han enfocado a mejorar la competitividad, buscando el logro de un desarrollo agrícola más equilibrado a través de la integración a los campesinos más pobres y menos competitivos a cadenas comerciales de proveedores y conciliar estos objetivos con propósitos relacionados con la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de recursos.
Si bien lo anterior da cuenta de los esfuerzos que se han realizado por impulsar el agro, para nadie es un misterio que siguen existiendo falencias en la implementación de una política sectorial que lo potencie, toda vez que los escenarios en los cuales actúa, se han caracterizado por un fuerte dinamismo que ha mermado muchas veces, los intentos por lograr el tan ansiado fortalecimiento de esta área. No obstante, lo anterior más que representar un obstáculo para el alcance de estos objetivos, debe transformarse en un desafío ante el cual, el gobierno reflexione en torno al tipo de agricultura que queremos y el cómo lograremos dicha meta.
En la Unión Europea a modo de ejemplo, existen las iniciativas LEADER, las cuales apuntan a desarrollar una metodología para promover el desarrollo rural, construir capacidades a nivel de comunidades locales y agregar valor a sus recursos de manera de impactar positivamente la generación de empleo y negocios en esas áreas. Asimismo, se orientaron a promover la adquisición de conocimiento a nivel de comunidades locales, diseminando estos saberes a otras áreas rurales.
Lo anterior, corresponde a una columna vertebral que complementa los programas realizados por cada país, en una zona donde más de un 50% de la población vive en áreas rurales. A su vez, representa una voz autorizada y constituye una experiencia exitosa, que nos ayuda a comprender la necesidad de contar con una directriz de este tipo en Chile, sobre todo hoy, en el contexto de un crecimiento económico pujante y una incorporación cada vez más vertiginosa al mercado internacional
En definitiva, la creación de una política rural con reglas propias y donde se incentive a los territorios de este tipo a explorar nuevas formas de llegar a ser competitivos, obtener el mayor provecho de sus activos (ambientales, sociales y económicos) y superar los problemas y desafíos que ellos pueden enfrentar, representa un derrotero cada vez más necesario y en donde se deben invertir esfuerzos económicos y de infraestructura, que hagan que la vida en el campo se transforme una oportunidad y no un sacrificio, dando a paso a un análisis multidisciplinario del sector, que perfeccione una mirada que hasta hora, se ha dirigido en gran parte al desarrollo económico del área solamente.
Escribió para Tejemedios:
FRANK SAUERBAUM
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA
